Una multa civil para castigar al autor de discriminación laboral

Paréntesis sobre el conflicto previsional… Mientras la revisión del proyecto de reforma arranca por la tarde en la Asamblea ante una nueva movilización del sindicato el martes, el presidente del Gobierno acudió este lunes por la mañana al Instituto del Mundo Árabe. Objetivo: presentar un plan de lucha contra el racismo, el antisemitismo y la discriminación por origen que abarcará el período 2023-2026.

Su antecesor, Edouard Philippe, se rodeó de ocho ministros para presentar al primero en 2020, diez estarán acompañados por Elisabeth Borne, además de Isabelle Rome, ministra delegada para la Igualdad.

Este plan es el resultado de una amplia consulta que comenzó en septiembre, subraya el gobierno. Se consultaron más de 35 asociaciones y fundaciones además de la Defensoría de los Derechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Arcom.

cinco hachas

El dispositivo gira en torno a cinco ejes: “nombrar la verdad” y “reafirmar nuestro modelo universalista”; medir los fenómenos de racismo, antisemitismo, antigitanismo -primero- y discriminación; educar y formar mejor; castigar a los culpables; apoyar a las víctimas.

En total, se anunciarán 80 pasos. Entre ellos, algunos están relacionados con el mundo laboral. Es el caso de reactivar las campañas que prueban la discriminación en la contratación y en las empresas, expediente que se abrió bajo Edouard Philippe, pero sin suficiente fuerza.

“prueba regular”

Vuelve a la agenda con la promesa de organizar “pruebas periódicas en diferentes sectores de actividad”. Pero, se precisa, sus modalidades “se construirán con los actores (sindicatos y organizaciones empresariales, asociaciones, poderes públicos)”. En una “lógica graduada”, si continúan las malas prácticas, el gobierno no deja de lado las sanciones y utiliza “nombre y vergüenza”, publicando los nombres de empresas no tan santas, como se ha hecho en los últimos cinco años de ese período.

Por otro lado, se calla el plan de autoexamen que puede realizar una persona que se considera discriminada para recabar pruebas, mencionado en el proyecto de ley elaborado por el diputado renacentista Marc Ferracci, que Matignon calificó de “importante apoyo”. . “La prueba individual es interesante, sobre todo para los casos de pequeñas empresas, y para llegar al mayor número”, opina el Gobierno.

Un fondo para acciones de grupo

El plan también prevé la creación de “una multa civil disuasoria”. “Permitirá responsabilizar al autor por discriminación (en la contratación, en el trabajo, por motivos de salud) además de condenar la reparación del daño de la víctima”, definió uno del gobierno. . “Esta propuesta puede proporcionar, sujeto a estudios de viabilidad, un fondo que se utilizará para financiar acciones grupales contra la discriminación. »

Estas acciones colectivas, realizadas a finales de 2016 y destinadas a denunciar la discriminación sistémica, son muy complejas de implementar, mostrando la serie de acciones colectivas iniciadas por la CGT contra Safran por discriminación sindical, actualmente en apelación, y contra la Caisse d’Epargne. Ile-de-France sobre la discriminación sexista. El gobierno dijo que quería que “las organizaciones sindicales sacaran más provecho de esta posibilidad”.

Una visita a la historia o la memoria

Entre las otras medidas previstas -son 80 en total- también está, por ejemplo, “la organización de una visita de historia o memoria relacionada con el racismo, el antisemitismo o el antigitanismo para cada alumno durante sus estudios”. El gobierno también quiere crear penas agravadas en caso de “delitos no públicos de carácter racista o antisemita cometidos en el ejercicio de sus funciones por personas que ostentan autoridad pública o están encargadas de una misión de servicio público”.

En cambio, nada hay en el plan respecto a las pruebas de identidad racial condenadas por la Corte de Casación y en las que se reconozca la presencia del Jefe de Estado.