Colombia ante el punto más crítico de su proceso de paz
El proceso de paz en Colombia atraviesa una fase de máxima tensión por la expansión territorial de varias disidencias armadas, la ruptura de los ceses al fuego y la dificultad del Estado para sostener conversaciones simultáneas con organizaciones que ya no comparten una estructura ni una agenda común. La violencia en Catatumbo, los enfrentamientos en Cauca, Nariño y Arauca, y el desplazamiento de miles de personas han convertido la política de “paz total” en una prueba decisiva para el Gobierno de Gustavo Petro.
La crisis no responde a una sola causa. Combina la fragmentación de las antiguas FARC, la presencia de economías ilegales, la débil capacidad institucional en zonas rurales y una negociación que ha avanzado a ritmos diferentes con el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El resultado es un escenario donde cada acuerdo local puede verse afectado por una disputa interna o por la ofensiva de un grupo rival.
Un quiebre que empezó en los territorios
La promesa de negociar con varias organizaciones armadas buscaba reducir la violencia de manera simultánea y abrir canales políticos allí donde los grupos ilegales tenían control social. Sin embargo, la estrategia quedó expuesta a una dificultad fundamental: no todas las estructuras tienen la misma cohesión, capacidad de mando ni disposición para abandonar las rentas criminales.
El deterioro se hizo especialmente visible en Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela marcada por el narcotráfico, el contrabando y el abandono estatal. La disputa entre el ELN y el Frente 33, vinculado al antiguo Estado Mayor Central, provocó asesinatos, confinamientos y desplazamientos masivos. La respuesta militar del Gobierno mostró que los acuerdos existentes no bastaban para contener una escalada cuando los actores armados consideraban que controlar la población era más importante que preservar una tregua.
La situación llevó a suspender o revisar conversaciones con algunas organizaciones. Ese paso puede ser necesario para proteger a los civiles, pero también reduce los canales de comunicación y eleva el riesgo de que los grupos interpreten la presión militar como el comienzo de una guerra abierta. La ausencia de reglas claras sobre verificación, concentración territorial y cumplimiento ha debilitado la confianza en todo el proceso.
La fragmentación de las disidencias
Las disidencias no constituyen un bloque único. El Estado Mayor Central reúne frentes con intereses regionales muy distintos, y algunas de sus estructuras han mostrado mayor interés en controlar corredores de cocaína y minería que en participar en una negociación nacional. La separación entre el sector liderado por Iván Mordisco y otras facciones partidarias de continuar el diálogo refleja una fractura profunda.
La Segunda Marquetalia también mantiene una identidad propia y una trayectoria diferente. Sus conversaciones con el Gobierno han tenido un componente político más marcado, pero su influencia territorial es desigual. En varias zonas, las alianzas cambian con rapidez y los habitantes quedan atrapados entre amenazas, reclutamiento forzado, restricciones de movilidad y cobros ilegales.
El ELN, por su parte, conserva una estructura nacional y una tradición política definida, pero sus frentes regionales pueden ejercer una autonomía considerable. La crisis de Catatumbo puso en evidencia las tensiones entre la dirección de la organización y los mandos que actúan en territorios donde la competencia por las economías ilícitas es intensa. Negociar con una cúpula no garantiza que todas las unidades obedezcan sus compromisos.
El costo humano y territorial
Las cifras de desplazamiento y confinamiento son el indicador más visible de la crisis, aunque no muestran todo su alcance. En municipios apartados, las familias también sufren la interrupción de clases, el cierre de comercios, la suspensión del transporte y la imposibilidad de acceder a servicios médicos. Cada enfrentamiento erosiona la autoridad civil y hace que la población dependa de órdenes impuestas por actores armados.
El reclutamiento de menores, las amenazas contra líderes comunitarios y la violencia sexual agravan el impacto. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas suelen estar en la primera línea de la disputa territorial. Para ellas, la paz no se mide por la firma de un documento, sino por poder cultivar, desplazarse y organizarse sin pedir permiso a un grupo armado.
La crisis también perjudica la sustitución de cultivos y los proyectos de desarrollo rural. Cuando una carretera queda bloqueada o una asociación campesina es señalada por un bando, se interrumpen los esfuerzos para construir economías legales. La inversión pública pierde continuidad y los recursos destinados a infraestructura, educación o protección ambiental quedan expuestos a la corrupción y la intimidación.
En ese contexto, la seguridad y la agenda ambiental están estrechamente relacionadas. La deforestación, la minería ilegal y la expansión de cultivos de uso ilícito prosperan en territorios sin justicia efectiva. Igual que ocurre con otros debates sobre infraestructura y recursos, como el impacto de los centros de datos, el caso colombiano demuestra que cualquier proyecto de desarrollo depende de una gestión responsable del territorio y de sus recursos.
Escenarios que compiten por el futuro
El Gobierno enfrenta varias rutas posibles, ninguna exenta de costos. Puede intentar reactivar las conversaciones con condiciones más estrictas, concentrarse en los grupos con mayor disposición política o fortalecer las operaciones militares hasta recuperar corredores estratégicos. La elección tendrá consecuencias para la población y para la credibilidad internacional de la política de paz.
| Actor o dinámica | Principal interés | Obstáculo actual | Respuesta que se discute |
|---|---|---|---|
| ELN | Obtener reconocimiento político y cambios sociales | Rupturas entre la dirección y los frentes regionales | Reanudar el diálogo con verificación más sólida |
| Estado Mayor Central | Mantener control territorial y rentas ilegales | Fragmentación y pérdida de confianza | Negociaciones diferenciadas y presión militar |
| Segunda Marquetalia | Alcanzar un acuerdo político y jurídico | Influencia territorial limitada y cuestionamientos sobre su origen | Continuar contactos bajo condiciones verificables |
| Comunidades afectadas | Seguridad, derechos y presencia estatal | Desplazamiento, confinamiento y amenazas | Protección inmediata y participación local |
| Gobierno nacional | Reducir la violencia sin cerrar la vía política | Resultados insuficientes y calendario limitado | Combinar seguridad, inversión y diálogo |
Un nuevo cese al fuego solo sería sostenible si incluye mecanismos de verificación transparentes, sanciones por incumplimiento y compromisos concretos para proteger a la población. Las pausas sin vigilancia pueden servir para rearmarse, fortalecer economías ilegales o desplazar comunidades. La experiencia reciente ha hecho que amplios sectores desconfíen de acuerdos que no producen cambios cotidianos.
También es necesario diferenciar entre negociación política y sometimiento a la justicia. Los grupos con una agenda insurgente no pueden recibir el mismo tratamiento que estructuras dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión o la minería ilegal. Una política uniforme puede terminar premiando al actor que más violencia ejerce y desincentivar a quienes sí aceptan discutir transformaciones sociales.
La diplomacia y los límites del diálogo
La participación de países garantes y acompañantes ha sido relevante para conservar canales abiertos. Cuba, Venezuela, México, Noruega y otros actores han contribuido en distintos momentos a facilitar reuniones y verificar compromisos. Sin embargo, ningún mediador externo puede sustituir la voluntad de las partes ni resolver por sí solo la falta de control sobre los frentes armados.
La dimensión internacional también incluye la frontera con Venezuela, donde el movimiento de combatientes, armas y mercancías dificulta las operaciones de seguridad. La cooperación bilateral es indispensable, aunque está condicionada por la relación política entre ambos gobiernos y por la sensibilidad de Caracas frente a cualquier despliegue militar colombiano cerca de su territorio.
El respaldo de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias puede ayudar a documentar abusos y acompañar a las comunidades. Para que ese apoyo tenga efecto, las instituciones colombianas deben facilitar el acceso a las zonas afectadas y garantizar que las denuncias no se conviertan en nuevas amenazas. La transparencia es una herramienta de seguridad, no un obstáculo para ella.
Información, propaganda y opinión pública
Los grupos armados utilizan redes sociales, emisoras locales y mensajes comunitarios para justificar sus acciones, intimidar adversarios y presentarse como autoridades. La propaganda puede anunciar restricciones de movilidad, desacreditar a las instituciones o imponer una versión de los hechos antes de que lleguen los investigadores. En regiones con conectividad limitada, un audio reenviado puede tener más influencia que un comunicado oficial.
Los medios enfrentan la tarea de informar sin amplificar amenazas ni convertir a los comandantes en protagonistas. Verificar videos, identificar imágenes antiguas y contrastar testimonios resulta esencial cuando cada actor intenta controlar el relato. La audiencia también necesita distinguir entre una noticia confirmada, una denuncia preliminar y una pieza de propaganda.
En el ecosistema digital conviven información pública, entretenimiento y contenidos promocionales; por eso conviene valorar el origen de cada publicación antes de compartirla, incluso cuando se trate de materiales ajenos a la política, como una revisión de plataformas digitales. La alfabetización mediática ayuda a reducir rumores que pueden provocar pánico, estigmatización o respuestas violentas en comunidades ya tensionadas.
La cobertura periodística debe mantener el foco en las víctimas y en la responsabilidad de las autoridades. Mostrar el sufrimiento de las familias desplazadas, explicar las causas económicas del conflicto y dar seguimiento a los compromisos oficiales permite evaluar la paz con criterios concretos, en lugar de hacerlo únicamente a partir de discursos.
Una salida que exige presencia estatal
La recuperación de la seguridad no puede descansar únicamente en operativos militares. El Estado necesita garantizar justicia local, carreteras, escuelas, centros de salud, titulación de tierras y oportunidades económicas. Cuando la presencia institucional se limita a soldados, los grupos armados pueden volver a ocupar el espacio después de una operación y presentarse como proveedores de orden.
La protección de líderes sociales debe convertirse en una prioridad operativa. Los esquemas individuales resultan insuficientes en zonas donde la amenaza se dirige contra comunidades completas. Alertas tempranas con respuesta obligatoria, unidades de investigación en los territorios y coordinación con autoridades indígenas y campesinas serían pasos concretos para evitar nuevos ataques.
El Gobierno también debe explicar con claridad qué objetivos siguen vigentes y cuáles fueron modificados. La sociedad puede aceptar una negociación difícil, pero necesita conocer sus límites, sus plazos y sus indicadores. Sin esa información, cada incumplimiento alimenta la percepción de improvisación y fortalece a quienes sostienen que el diálogo solo ha servido para ampliar el poder de las organizaciones armadas.
La defensa de la paz requiere exigir resultados verificables, apoyar a las comunidades afectadas y revisar con atención cada anuncio oficial. Seguir la información contrastada de medios especializados como Norxtadalafil en español permite observar la evolución política y territorial sin reducir el conflicto a consignas. La ciudadanía, las instituciones y la comunidad internacional deben mantener la presión para que cualquier negociación ponga la vida de los civiles en el centro y convierta los compromisos en hechos visibles.