Egipto y Etiopía llevan su pulso por el Nilo a la tribuna de la ONU

La disputa por las aguas del Nilo ha cruzado otra frontera. Lo que durante años se gestionó en reuniones técnicas bilaterales y en el seno de la Unión Africana ha saltado a los pasillos de Naciones Unidas, donde El Cairo y Adís Abeba defienden visiones opuestas sobre el futuro de la cuenca fluvial más larga del mundo. La Gran Presa del Renacimiento Etíope, conocida como GERD por sus siglas en inglés, se ha convertido en el símbolo de un desencuentro que combina historia colonial, crecimiento demográfico, ambición energética y cálculos geopolíticos.

Egipto, que obtiene del Nilo aproximadamente un noventa y siete por ciento del agua que consume, considera el río una cuestión de supervivencia nacional. Etiopía, con más de ciento diez millones de habitantes, sostiene que un país que aporta el grueso del caudal del Nilo Azul no puede seguir renunciando a explotarlo en su propio territorio. El traslado del diferendo al foro multilateral de Nueva York refleja el agotamiento de los canales diplomáticos previos y la búsqueda de nuevos aliados en un tablero internacional cada vez más fragmentado.

Los tratados coloniales y la herencia de 1959

El origen jurídico del actual enfrentamiento se remonta a los acuerdos firmados durante la administración británica en África Oriental. El Tratado de 1929 entre Egipto y Sudán, ampliado en 1959, asignó al primero un caudal cercano a cincuenta y cinco mil millones de metros cúbicos anuales y al segundo unos dieciocho mil millones, sin reconocer cuotas al resto de los países ribereños. Etiopía nunca reconoció esos acuerdos, argumentando que fueron concluidos sin su participación y que contradicen los principios modernos del derecho internacional fluvial.

La Convención sobre la Ley de Usos No Navegables de los Ríos Internacionales, adoptada por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 1997, introdujo criterios como el uso equitativo y la obligación de no causar daño significativo. Para Egipto, esos principios deben interpretarse a la luz de los acuerdos preexistentes y de su dependencia histórica. Para Etiopía, en cambio, representan la oportunidad de reescribir un reparto que considera heredado del colonialismo. Esa diferencia de lectura ha permanecido intacta a lo largo de las rondas auspiciadas por Washington, Bruselas y varios enviados africanos.

A esa herencia jurídica se suma la fragmentación política de la propia cuenca. El Nilo recorre o delimita el territorio de once países, desde Burundi hasta Egipto, y cada uno defiende prioridades distintas. Sudán, cuya posición ha oscilado según sus relaciones con El Cairo y con Adís Abeba, posee intereses agrícolas y energéticos propios. Uganda, Tanzania, Kenia, Ruanda y la República Democrática del Congo trabajan desde hace años en la Iniciativa de Cooperación del Nilo, un marco rechazado durante largo tiempo por Egipto y Sudán por entender que alteraba el reparto de 1959.

La Gran Presa del Renacimiento y el giro etíope

La GERD, situada en la región de Benishangul-Gumuz sobre el Nilo Azul, es desde 2011 el proyecto insignia del Gobierno etíope. Con una capacidad instalada cercana a los cinco mil megavatios y un embalse de más de setenta mil millones de metros cúbicos, aspira a duplicar la electricidad disponible del país y a exportar energía a vecinos como Yibuti, Sudán o Kenia. Para Adís Abeba, la presa simboliza soberanía económica y la culminación de una estrategia de industrialización basada en recursos hídricos propios.

La construcción comenzó sin un acuerdo formal con Egipto ni con Sudán, lo que desató la primera crisis diplomática seria. Etiopía justificó la decisión señalando que los Acuerdos de Declaración de Principios firmados en 2015 no constituían un consentimiento sobre el calendario de llenado del embalse. Las sucesivas rondas de negociación, mediadas por Estados Unidos y el Banco Mundial entre 2019 y 2020, no cerraron una fórmula de compromiso y el proceso quedó en punto muerto. Etiopía ha seguido adelante con las fases de llenado en función de las temporadas de lluvia, invocando el principio de soberanía territorial sobre el recurso hídrico.

En El Cairo, la percepción dominante es que el llenado unilateral reduce el caudal aguas abajo, afecta la producción hidroeléctrica de la presa de Asuán y compromete el suministro de agua potable para millones de personas. Organizaciones agrícolas egipcias han alertado sobre pérdidas en tierras de regadío del delta si no se garantiza un caudal mínimo. Esa alarma ha sido determinante para que el Gobierno egipcio eleve el tono en los últimos meses y busque un pronunciamiento explícito de la comunidad internacional.

El argumento egipcio: seguridad hídrica como cuestión de supervivencia

Egipto ha construido su diplomacia del agua sobre la premisa de que cualquier recorte significativo en el caudal del Nilo constituye una amenaza existencial. El Ministerio de Recursos Hídricos egipcio sostiene que una reducción de apenas unos miles de millones de metros cúbicos podría traducirse en pérdidas agrícolas y urbanas cuantiosas. La narrativa oficial, respaldada por buena parte de la opinión pública, presenta la cuestión como un asunto de seguridad nacional equiparable a la defensa territorial, lo que ha justificado inversiones militares y campañas diplomáticas de gran alcance.

El recurso al derecho internacional se ha intensificado. Egipto ha subrayado que los tratados firmados con Sudán en 1929 y 1959 siguen siendo vinculantes y que cualquier modificación requiere el consentimiento de las partes firmantes. Asimismo, ha invocado resoluciones previas de la Asamblea General sobre el derecho a la alimentación y al agua como recordatorio de que la seguridad hídrica forma parte de los compromisos globales asumidos por todos los Estados miembros.

En paralelo, El Cairo ha intentado ampliar su coalición de apoyos. Dirigentes egipcios han abordado el tema en reuniones con la Unión Europea, con varios países árabes del Golfo y con socios asiáticos como China. Este movimiento responde a la lectura de que el respaldo occidental, particularmente el estadounidense, ha perdido peso frente a la capacidad de maniobra de Etiopía en el seno de la Unión Africana. En este escenario de realineamientos, las tensiones en Oriente Medio condicionan los márgenes diplomáticos disponibles, como se ha analizado en la cobertura sobre la brecha trasatlántica que siguió la reciente escalada en la región.

La diplomacia multilateral y el papel de la ONU

La decisión de elevar el expediente del Nilo al foro de la ONU responde a la percepción egipcia de que los mecanismos regionales han resultado insuficientes. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General se han convertido en escenarios donde ambas delegaciones intentan traducir su posición en resoluciones, declaraciones presidenciales o, al menos, en informes del Secretario General que documenten la disputa. Para El Cairo, el objetivo es acumular presión internacional sobre Adís Abeba y forzar un acuerdo vinculante.

Etiopía, en cambio, prefiere un enfoque estrictamente regional. Defiende que la Unión Africana es el espacio natural para dirimir la controversia y rechaza cualquier internacionalización que pueda traducirse en imposiciones externas. Este rechazo se apoya en el principio de soluciones africanas para problemas africanos, sostenido también por países como Sudáfrica o Nigeria, que temen que la apertura del expediente siente un precedente para otras disputas por recursos naturales en el continente.

La mediación de la Unión Africana, encabezada durante algún tiempo por el entonces presidente de la República Democrática del Congo Félix Tshisekedi, logró algunos avances procedimentales, pero no desbloqueó el fondo del conflicto. Las diferencias sobre el mecanismo de resolución de disputas, sobre el calendario de llenado y sobre la gestión conjunta en épocas de sequía prolongada siguen sin separarse. En la era de la diplomacia digital, la influencia de medios y plataformas informativas en la opinión pública internacional se ha vuelto tan relevante como las resoluciones formales. Esta lógica recuerda a otros ámbitos donde la opacidad informativa se ha vuelto un recurso estratégico, como el caso de los influencers sin regulación suficiente en el terreno financiero, un patrón que también empieza a observarse en la política exterior de los Estados.

Alianzas regionales y el tablero geopolítico

La disputa por el Nilo ya no se entiende sin el marco más amplio de la competencia estratégica en el Cuerno de África. La presencia militar de Egipto en la región, la apertura de una base naval emiratí en Yibuti, el acercamiento de Turquía a varios países ribereños y la influencia china mediante inversiones en infraestructura dibujan un escenario donde la hidropolítica se cruza con la seguridad marítima y la lucha contra el terrorismo. Cada actor externo sopesa su relación con El Cairo y con Adís Abeba en función de intereses que van mucho más allá del caudal del río.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han respaldado a Egipto en distintos formatos, incluidos depósitos financieros y declaraciones de apoyo diplomático. Catar, por su parte, ha mantenido vínculos más fluidos con Etiopía, igual que Turquía, que ve en el país africano un socio para consolidar su proyección regional. Estados Unidos, tras la implicación directa de la Administración Trump en las negociaciones de 2020, ha reducido su perfil público, aunque sigue dialogando con ambas partes. China, en cambio, ha incrementado su presencia mediante préstamos para proyectos de electrificación y conectividad.

La dimensión financiera y mediática también pesa. Campañas digitales, lobbies en Washington y Bruselas y la contratación de firmas de comunicación estratégica por ambas partes muestran que la batalla por el Nilo se libra también en el terreno informativo. Esta sofisticación propagandística exige a los observadores europeos lecturas atentas, y en ese sentido resulta útil seguir los análisis europeos del continente que conectan la política exterior comunitaria con la competencia por los recursos. La pugna por el agua se ha convertido, así, en un espejo de las tensiones globales por la energía, los minerales críticos y la influencia en los corredores marítimos.


La próxima Asamblea General será una oportunidad para observar cómo evoluciona la posición de los países africanos ribereños que hasta ahora han preferido mantener un perfil discreto. Sudán, Sudán del Sur, Kenia y Uganda disponen de palancas diplomáticas que pueden inclinar la balanza en función de sus propios cálculos de seguridad alimentaria y energética. Quienes sigan la cuestión del Nilo deberían prestar atención no solo a los comunicados oficiales, sino a los movimientos de fondo que preceden a cada votación, porque en la diplomacia del agua, como en pocas, el margen entre el acuerdo y la ruptura se mide en milímetros.